La Unión de Ciudadanos Independientes de Móstoles ha solicitado por escrito a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que investigue la venta de 781 plazas de aparcamiento que llevó a cabo el Ayuntamiento en el año 2015 a un precio de 1.031’05 euros. La petición la llevamos a cabo después de que se haya ignorado y quedado en el olvido la misma petición que realizamos hace cinco meses.
La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Móstoles, a través de su candidato a la Alcaldía, José Miguel Reinares, ha solicitado por escrito a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, la creación de una comisión de investigación con el objetivo de aclarar y depurar responsabilidades por la venta de 781 plazas de aparcamiento a la empresa privada ALJAMIL S.A. a un precio de 1.031’05 euros, procediendo previamente a dejar sin efecto la concesión administrativa que tenía la empresa AISER por un periodo de 75 años.
Queremos recordar que hace cinco meses, el 21 de diciembre de 20018, presentamos este mismo escrito en el Ayuntamiento, el cual ha sido ignorado. El Gobierno Municipal, abanderado por el PSOE y Ganar Móstoles, no ha dado señales de vida y parece que prefiere mirar para otro lado.
No estamos dispuestos a dejar que el tema quede en el olvido y, por lo tanto, exigimos por escrito, una vez más, que se proceda a su investigación. Nos parece que este asunto tiene la suficiente importancia para que se aclare cuanto antes ante el terrible daño patrimonial que puede causar al Ayuntamiento, siendo este prejuicio de varios millones de euros.
La venta de estas plazas de aparcamiento se llevó a cabo en el año 2015, con el Partido Popular al frente del Gobierno. Pedimos a la alcaldesa de la ciudad que actúe cuanto antes pues estamos en plazo de revertir la venta y exigir responsabilidades administrativas y penales a los autores.
Igualmente, solicitamos que se investigue la venta de las plazas y se ponga en conocimiento del Juzgado de Instrucción y que se exijan responsabilidades a los técnicos que han validado dicha venta en el caso de que la operación haya causado daño patrimonial al Ayuntamiento.
