La Unión de Ciudadanos Independientes de Móstoles ha presentado esta mañana una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Móstoles por la adjudicación de la parcela 5.3 del PAU-5, de equipamiento social y uso deportivo, adjudicada a una empresa privada para una actividad mercantil a la que atribuyeron condición de servicio público. Desde UCIN Móstoles se presenta la denuncia por un presunto delito contra la ordenación del Territorio y por un delito de prevaricación administrativa.
La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Móstoles, a través de su coordinador y candidato a la Alcaldía, José Miguel Reinares, ha presentado esta mañana, con el apoyo del candidato de UPYD a la Comunidad de Madrid, Rubén Cousa, una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Móstoles por un presunto delito contra la ordenación del Territorio, previsto en el artículo 320 del Código Penal, y por un delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal. La denuncia está dirigida contra varios altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Móstoles nombrados en los gobiernos del Partido Popular y que ha mantenido en su puesto la actual alcaldesa del PSOE, Noelia Posse Gómez.
La denuncia penal tiene su origen en la adjudicación de la parcela 5.3 del PAU-5 de equipamiento social y uso deportivo para una actividad privada de carácter mercantil. En base al informe emitido por la Jefa de los Servicios Jurídicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad, considera que la actividad de la ITV “participa de la función pública” siendo dichas empresas “entidades colaboradoras de la Administración que ejercen funciones delegadas de la misma sujetas a su estricto control” y se puede entender que nos encontramos “ante oficinas de la propia administración con funciones delegadas”.
Esta argumentación jurídica fue asumida por los servicios jurídicos municipales y por la Secretaría del Ayuntamiento. No obstante, en informes posteriores con el gobierno del Partido Socialista, dicho criterio cambia y se niega que una ITV pueda estar afecta a una finalidad pública.
Ante la inacción de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y de su concejala de Urbanismo, Beatriz Benavides, quienes han preferido mirar para otro lado e ignorar los requerimientos escritos que les hemos realizado desde UCIN de Móstoles, nos hemos visto obligados a acudir a la Justicia.
Ante todo ello, desde UCIN Móstoles reclamamos al Juzgado de Instrucción que investigue la adjudicación de una concesión demanial de una parcela municipal del Plan Parcial del Sector PAU-5 de Móstoles Tecnológico para la construcción de una Estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por parte del Gobierno del Partido Popular en una parcela calificada como equipamiento social y uso deportivo. Asimismo, exigimos que se aclaren los hechos ante los vecinos y vecinas de la localidad y se asuman las responsabilidades penales y políticas de acreditarse.
Al fin y al cabo, lo que queda claro de estas actuaciones es que el gobierno de los populares hurtó a los mostoleños una parcela deportiva para dedicarla a una actividad mercantil y que el gobierno del PSOE prefiere mirar para otro lado y no investigar esta situación al menos irregular y sospechosa.
